EL ESTADO DE DERECHO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

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abril 23, 2020

EL ESTADO DE DERECHO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Es importante que Guatemala siga los pasos de estas Cortes que están innovando con el objeto de garantizar una justicia pronta y cumplida.

Imaginémonos a una persona o empresa queriendo alocar recursos en el país, pero se topa con que la corrupción es muy alta, no se protege la propiedad privada y no se tiene acceso a un sistema de justicia que obligue al cumplimiento de los contratos. Estos factores son, sin duda, disuasivos para que se invierta en el país pues generan problemas serios en la consolidación de un estado de derecho. Es importante reconocer que ocupamos el puesto 101 de 128 en el índice mundial del Estado de Derecho WJP[1]; en Latinoamérica, Guatemala está a cinco puestos del ultimo lugar. El estado de derecho y acceso a la justicia ya se encontraba abandonado antes de que iniciara la pandemia, la cual ha venido a exponer nuestras falencias y a resaltar la necesidad que tenemos de innovar.

El estado de derecho nos afecta directamente en todos los aspectos de nuestra vida. Tradicionalmente, el concepto de estado de derecho ha sido visto como algo importante únicamente para abogados y jueces, pero esta percepción esta muy alejada de la realidad. Todos los sectores de la sociedad tienen un rol muy importante en el estado de derecho, y esto tiene un impacto en la economía y los servicios públicos. Un país sin estado de derecho no puede aspirar a desarrollarse. Sin acceso a la justicia nadie puede ejercer ni hacer valer sus derechos.

La pandemia debería de incentivar la innovación en el sector público. A pesar de que en Guatemala los negocios esenciales, y otros autorizados por el Ministerio de Economía, continúan operando, el Estado ha tomado una postura diferente. Muchas de las instituciones del Estado dejaron de operar salvo algunas excepciones que el presidente determino que debían continuar trabajando. En el caso del Organismo Judicial se faculto a la Corte Suprema de Justicia para definir como debería de operar; la CSJ tomo la decisión de que en el país la justicia era reducidamente necesaria.  

Por disposiciones de la Corte Suprema de Justicia se acordó que el Organismo Judicial estaría operando únicamente de forma reducida. Según las disposiciones emitidas únicamente los juzgados que conocen asuntos menores, de violencia intrafamiliar y femicidio, los penales de primera instancia, y salas o tribunales de igual categoría, se mantendrían abiertos. Recientemente se autorizo a los Juzgados del ramo Civil y Juzgados de Trabajo y Previsión Social a iniciar labores, pero solo para conocer asuntos constitucionales y diligencias de urgencia. Estas disposiciones suspenden el cómputo de los términos y plazos legales durante todo el Estado de Calamidad para toda materia e instancia. En resumen, la decisión del Organismo Judicial tiene como resultado que el 70% del sistema de justicia se encuentre detenido; y en el caso de procesos civiles y mercantiles es el 100% que se encuentra detenido pues únicamente podrán conocer asuntos excepcionales.  

Esto no solo afecta el retraso en los procesos ya iniciados si no también imposibilita el acceso a la justicia. La pandemia ha venido a empeorar el problema existente en Guatemala de la mora judicial y los largos periodos de tiempo que toma resolver controversias. Pero más preocupante aún es que en el país no se pueda acudir a hacer valer derechos frente a un tribunal. El Estado debe propiciar condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer derechos aún en el medio de una crisis. El no hacerlo genera incertidumbre jurídica, se priva del derecho a la defensa y a la tutela judicial, y se pueden afectar otro tipo de derechos. Por ejemplo, si una persona o entidad desea ejecutar un contrato, una hipoteca, un préstamo, un divorcio, una demanda a su empleador, o un desalojo, será imposible que se pueda realizar porque no hay ningún tribunal de justicia operando para que pueda conocer estos casos.

Se deben tomar medidas para que nuestro sistema de justicia pueda ser accesible por medios electrónicos. Independiente del tipo de proceso, oral o escrito, se pueden implementar herramientas para presentar escritos, celebrar audiencias, avanzar en las etapas procesales y darles seguimiento. Los cambios que deben implementarse son técnicos y de forma, y deberá cumplirse con los requisitos establecidos en las normas procesales. Requisitos como la firma, sellos y timbres que deben presentarse físicamente deben de cambiar. Estos pueden subsanarse promoviendo el uso de firmas electrónicas, la validación de sellos electrónicos y la posibilidad de adherir los timbres a los escritos de forma electrónica. Una vez se logre avanzar en los procesos de esta forma también deberá implementarse el uso de un sistema electrónico de notificaciones. Todo esto se puede hacer únicamente emitiendo acuerdos y reglamentos sin la necesidad de reformas a normas procesales.

La pandemia ha incentivado la innovación en la administración de justicia alrededor del mundo. Países como Estados Unidos, España, y Argentina han anunciado la discusión e implementación de herramientas para que las cortes y tribunales puedan seguir garantizando el acceso a la justicia. Es importante que Guatemala siga los pasos de estas Cortes que están innovando con el objeto de garantizar una justicia pronta y cumplida. La falta de certeza jurídica en un estado de derecho débil son una barrera para el desarrollo de países como Guatemala. La pandemia debería empujarnos a mejorar aspectos tan importantes como lo es contar con un Organismo de Justicia que vele y haga cumplir las normas. Esto es necesario para que el país promueva las inversiones, para que se fomente el trabajo y que nos desarrollemos.

Jorge Luis Rodas

Abogado

Nexus Legal


[1] https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/Guatemala

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